Instituto Nacional de Electrificación (Guatemala) INDE

El INDE pierde su energía financiera

La posible reducción del Costo Anual de Transmisión (CAT) del fluido eléctrico podría significar una caída de Q300 millones en los ingresos del INDE en los próximos dos años. Esto, sumado a los impagos de las empresa municipales de energía y al constante crecimiento del subsidio a los usuarios, no solo se traduce en la falta de recursos del instituto para emprender nuevos proyectos hidroeléctricos y repotenciar los ya existentes. También podría provocar su quiebra en el mediano plazo.

PEAJE MÁS BARATO

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) resolvió, en enero, disminuir el peaje por transportar energía durante 2013 y 2014. Lo hizo con base en un informe presentado en noviembre por el Administrador del Mercado Mayorista (AMM). Sin embargo, los transportistas objetaron la nueva tasa y presentaron un recurso de revocatoria ante el Ministerio de Energía y Minas. Mientras la CNEE resuelve, el CAT de 2011-2012 seguirá vigente. “Se le pidió a la comisión que volviera a analizar el ajuste. Todavía no se ha pronunciado”, explica Erick Archila, titular de la cartera y presidente del INDE.

De acuerdo con una presentación colgada en el portal electrónico de la CNEE (http://goo.gl/3KB6G), la AMM incumplió con los lineamientos estipulados por la ley para establecer el CAT. “No calculó el Valor Nuevo de Reemplazo, no presentó la metodología que garantice precios óptimos y eficientes, no consideró diseños con tecnologías óptimas disponibles en el mercado. Además, incluyó activos no eléctricos en el peaje y utilizó un Impuesto Sobre la Renta distinto al aprobado en la Ley de Actualización Tributaria”, dice el documento.

ContraPoder intentó sin éxito hablar con Carmen Urízar. Sin embargo, en abril, la presidenta de la CNEE dijo a elPeriódico que la metodología utilizada para fijar el peaje por transmisión 2013-2015 había sido la misma. También explicó que fue la caída en los precios de algunos materiales la que incidió en el cálculo del Valor Nuevo de Reemplazo del tendido eléctrico.

Amén de estas consideraciones técnicas, el INDE estima que la reducción del peaje provocaría una caída de Q300 millones en sus ingresos durante el período 2013-2014, si el tipo de cambio se mantiene en Q7.85 por dólar, y representaría un ahorro de tan solo 0.86 por ciento para los usuarios del servicio. “Las tarifas se abaratarían Q0.016 por kilovatio/hora”, afirma Archila.

SOLIDARIDAD QUE ASFIXIA

Autoridades y trabajadores coinciden en que el subsidio a los usuario constituye una carga cada vez más pesada para el INDE. Desde 1999 hasta finales de 2013, la entidad habrá erogado más de Q8.2 millardos al financiamiento de la tarifa social. “El subsidio crece Q100 millones cada año. Pagaremos Q1.3 millardos en 2013”, advierte el titular de Energía y Minas. La cifra equivale al 34 por ciento de los ingresos presupuestados por el instituto para este año, según los datos disponibles en el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin).

A estos montos hay que añadir otros Q54 millones. “Las tarifas iban a subir 8 por ciento de mayo a junio. Así lo había decidido la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Pero el INDE salió al rescate y puso el dinero para que los precios permanecieran sin cambios. Eso es adicional a la tarifa social”, dice Archila.

Gustavo Valencia, Secretario del Sindicato de Trabajadores del INDE (STINDE), considera que compartir la carga la haría más ligera. “Desde el gobierno de Álvaro Arzú, la responsabilidad recayó sobre el Instituto. El Gobierno y los generadores también deberían aportar”, afirma.

Archila, por su parte, piensa que la solución es redefinir el subsidio. “El 85 por ciento de los usuarios del país recibe tarifa social y eso ha contraído la capacidad financiera del INDE. Estamos trabajando un propuesta con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia para que los aportes lleguen a quienes realmente los necesitan”, explica.

CUENTAS POR COBRAR

Las deudas de trece empresas municipales de energía y del Ministerio de Finanzas Públicas son la tercera causa de los dolores de cabeza del INDE. Los impagos se aproximan a los Q1.15 millardos. La comuna de Quetzaltenango encabeza la lista negra con Q813.9 millones. Le siguen las de Huehuetenango con Q147.5 millones, Puerto Barrios con Q44.9 millones, Guastatoya con Q44.4 millones y Jalapa con Q32.1 millones. “El INDE no ha cortado el servicio porque es de primera necesidad. Los usuarios pagan, pero las alcaldías utilizan los recursos para otros menesteres y no pagan”, afirma Valencia.

Durante la administración anterior, el Instituto inició procesos de cobro en Quetzaltenango. También promovió un antejuicio en contra de Jorge Rolando Barrientos, alcalde y gerente de la empresa municipal de energía. Pero las acciones no prosperaron y la comuna, por su parte, impugnó la validez de nueve facturas extendidas por el INDE. “Tres fueron validadas. Las otras seis están pendientes”, dice un informe de la Asesoría Jurídica del Instituto.

El año pasado, el Gobierno de Otto Pérez Molina y Barrientos negociaron los impagos. “El alcalde insistía en que debían calcular la deuda con base en las tarifas de 1978 y el INDE con las del 2009. Al final se sacó un promedio y se acordó el pago”, explica el Ministro de Energía y Minas. Fue así como pasado 14 de septiembre los diarios de Quetzaltenango informaron que el alcalde había amortizado Q130 de los Q216 millones pactados. “Eso fue una condonación de deuda”, afirma el secretario del STINDE.

Sin embargo, desde esa fecha, el INDE no volvió a recibir un centavo de Barrientos. “No le volvimos a ver la cara. Es una irresponsabilidad. Es una deuda que no se puede obviar. Y los procesos judiciales no avanzan. Lo mismo sucede con otros alcaldes, pero los montos (de impagos) son menores”, señala Archila.

Barrientos tiene una versión distinta. “Las anteriores autoridades del INDE triplicaron el precio de forma arbitraria. Pero la alcaldía no trasladó el aumento para no lastimar a los usuarios. Ahora es diferente. Este Gobierno tiene voluntad de apoyar y dialogar. Haré otro abono en junio. Estoy por firmar un compromiso de pago. Tengo esperanza de que el asunto se resuelva, sobre todo porque Quetzaltenango va ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, asegura.

La Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM) prefiere no intervenir en el conflicto. “No podemos mediar. Son contratos entre las municipalidades y el Instituto. Pero la autonomía no tiene nada que ver con este asunto. Los compromisos tienen que cumplirse”, asevera Isaías Martínez, alcalde de San Diego, Zacapa, y representante de la agrupación de jefes ediles ante la Junta Directiva del INDE.

SIN DINERO PARA INVERTIR

Lo cierto es que el aumento sostenido del subsidio a las tarifas de energía eléctrica y las deudas de las municipalidades han debilitado al INDE. “El instituto no ha hecho proyectos de generación en los últimos 30 años y eso nunca debió haber pasado. Fue un error estratégico. La última gran inversión fue Chixoy”, apunta el titular de Energía y Minas. 

De acuerdo con las estadísticas del ministerio, el INDE genera el 53.3 por ciento de la energía hidráulica del Sistema Nacional Interconectado de Guatemala y es el mayor transportista del país. Sin embargo, basta con echar un vistazo a la lista de generadores y transportistas registrados ante la CNEE para darse cuenta de que la competencia cobrará fuerza. Sobre todo porque la Política Energética prevé que la demanda alcance los 16, 800 GWh en 2027. Y para no perder terreno, el Instituto necesita recursos. “Ni siquiera hay dinero para repotenciar las plantas existentes”, agrega Valencia.

La estrechez financiera también ha despertado, entre los trabajadores, el temor de la eventual privatización del Instituto. “Los activos del INDE serían muy atractivos para los inversionistas. Las plantas funcionan y ya están pagadas. El 85 por ciento de la población cuenta con el servicio. Y eso es gracias a los proyectos de electrificación rural. Si desaparece el instituto, desaparece la tarifa social y la electrificación rural”, advierte Valencia. Sin embargo, Archila descarta la posibilidad: “No hay un marco jurídico para vender el INDE. Además, hay ejemplos de empresas públicas exitosas, como la de Medellín”.

Por lo pronto, los trabajadores ven en la construcción de la hidroeléctrica de Xalalá una oportunidad para incrementar la capacidad de generación del Instituto y salir adelante. “El INDE podría solicitar un préstamo. Además, el sindicato tiene relación con organizaciones populares y eso facilitaría la negociación con las comunidades”, dice el secretario del STINDE. En ese sentido, Archila considera que, si bien el instituto podría ser sujeto de crédito, no debe descartarse la posibilidad de realizar una alianza público-privada. “Es necesario analizar la capacidad financiera del INDE. La meta es concluir los estudios técnicos, geológicos y sociales antes de que termine el año. En todo caso, el proyecto saldría a licitación a finales de 2014.”, indica Archila.

La salud financiera del INDE dependerá, en buena medida, de las decisiones que las autoridades tomen respecto a la tarifa social y de que las empresas municipales de energía eléctrica se pongan al día con sus deudas. “Todavía no estamos en números rojos. Pero la situación puede volverse crítica”, advierte Valencia. “El futuro del INDE es incierto. Los próximos cinco años serán decisivos”, añade el ministro. Pero también serán decisivas las inversiones que el Instituto logre hacer para repotenciar su capacidad instalada, construir nuevos proyectos de generación y mantener su liderazgo en el transporte de energía.